La patronal FADE busca estimular la presentación de proyectos y pide apoyo al Principado para seguir la estela del País Vasco, que ya ofrece asesoramiento especializado a su tejido productivo.

La empresas están llamadas a tener un protagonismo destacado en los nuevos fondos europeos. Los recursos que desplegará la UE a través de marco presupuestario para el período 2021-2027 y los del Plan Europeo de Recuperación (“Next Generatión EU”, en su denominación oficial) estarán en buena medida orientados a apoyar las iniciativas del tejido productivo que estén alineadas con los objetivos estratégicos que se marcan desde Bruselas: la transición hacia una economía baja en carbono, digitalizada y resiliente (menos vulnerable a los shocks). En ese contexto, al Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha dado los primeros pasos para “estimular” la elaboración y presentación de proyectos susceptibles de acceder a los referidos fondos.

“Asturias debe prepararse para competir con el resto de regiones españolas y europeas”, expuso ayer Alberto González, director general de la FADE, en conversación con este diario. La “concurrencia competitiva” será, destacó, un procedimiento que marcará el reparto y el acceso a los fondos. Con independencia de que parte del dinero (140.000 millones, en el caso de España) sean “preasignados” por países, el destino de esos y otros recursos se determinará, no mediante cuotas regionales, sino considerando la calidad y adecuación de los proyectos, procedan del sector público o del privado o sean fruto de la colaboración entre ambos.

La necesidad de disponer de “proyectos rentables, innovadores y alineados con las prioridades europeas” es una de las premisas de un grupo interno de trabajo que ha creado la FADE y del que forman parte directivos de multinacionales asentadas en la región y también representantes de pequeñas y medianas compañías. Según las explicaciones de Alberto González, ese equipo está recopilando la información disponible sobre la mecánica de los nuevos fondos europeos y se ocupará de difundirla entre las empresas, así como de captar sus proyectos y prestarles apoyo. La iniciativa es paralela a una de ámbito nacional que ha activado la patronal CEOE mediante un acuerdo con la consultora KPMG.

Un documento que la FADE está difundiendo entre sus asociados remarca que las primeras ayudas europeas –subvenciones y préstamos– podrían estar disponibles desde enero de 2021 y que el 70% del dinero se adjudicará entre ese año y 2022. La “anticipación y agilidad” en la elaboración de proyectos es una de las “claves para maximizar el uso de los fondos”. También lo será, añade la patronal, la “colaboración público-privada”. “Gobierno y comunidades autónomas deben estructurar la interlocución con el sector privado y recopilar proyectos atractivos; esta colaboración es esencial para asegurar un arrastre real a la economía productiva”, señala la referida circular de la patronal.

Conforme a las explicaciones de Alberto González, la FADE mantiene conversaciones con el Gobierno del Principado para articular esa colaboración entre la Administración y las empresas. La organización que preside Belarmino Feito apunta hacia el ejemplo de Euskadi. “El País Vasco está tomando posiciones ya, como también lo están haciendo regiones de Francia o de Alemania”. El Gobierno del peneuvista Íñigo Urkullu ha activado mecanismos de colaboración con las empresas que tenía engrasados de antemano y está ofreciendo, por ejemplo, la asistencia técnica de consultoras especializadas para enfocar bien los proyectos que opten a los fondos de reconstrucción.

España como país debe presentar el próximo otoño el Plan Nacional de Reformas e Inversiones, una estrategia estatal para el uso del dinero europeo que, según ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hará teniendo en cuenta las aportaciones de las comunidades autónomos y de los sectores productivos.

El Principado afronta también meses decisivos para elaborar un plan propio de Asturias, en este caso específicamente vinculado a los conocidos como fondos verdes: 17.500 millones (10.000 procedentes del plan de reconstrucción y 7.500 del marco presupuestario plurianual) que se destinará a los territorios europeos damnificados por los cierres de minas y térmicas derivados del proceso de descarbonización de la economía. El Principado quiere además que el Gobierno central acceda a primar a esos mismos territorios, y en particular a Asturias, reforzando los fondos verdes que corresponden a España con otros procedentes del programa de reconstrucción.

Fuente: La Nueva España